El Gobierno avanzará el martes hacia una nueva Ley de Coparticipación, con Buenos Aires de protagonista

El subsecretario de Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Paulino Caballero, encargado de la organización, explicó a Télam que la ley de Coparticipación vigente, la 23.548, es "transitoria, ya que en un año se tenía que sacar la definitiva y no se hizo, y así pasaron 30 años prácticamente y seguimos con parches, uno tras otro, lo cual se transformó en una situación caótica".

El nuevo sistema, sin embargo, podría traer polémica porque una de las provincias beneficiadas será la de Buenos Aires -como así también la ciudad de Buenos Aires, ambos distritos gobernados por el oficialismo-  sobre la que la que ya hay críticas porque el presidente Mauricio Macri le transfirió directamente 25 mil millones de pesos, en enero pasado, informó Télam.

A su vez, está la batalla que encara la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para recuperar los 7 puntos de coparticipación que la provincia perdió en la gestión del ex presidente Raúl Alfonsín y, por ese motivo, fue a la Corte para que le valide el reclamo. Ahora recibe casi el 20 por ciento de la coparticipación y aspira a llegar a casi el 30 por ciento.

"Estamos peleando en la Corte por recuperar esa plata que les corresponde a los vecinos de la provincia. Por cada bonaerense se destinan cerca de 8 mil pesos, y por el resto -en promedio- cerca de 22 mil. Un bonaerense termina valiendo menos que un salteño", advirtió Vidal.

En la entrevista con Télam, en su oficina del Ministerio del Interior, Caballero apuntó que la de Buenos Aires "es una provincia que está generando una renta del 40/45 por ciento del Producto Bruto Interno", por lo que remarcó que "no puede estar recibiendo menos del 26 al 27 por ciento" del reparto de impuestos coparticipables.

Asimismo, el funcionario diferenció la reforma que encarará el Gobierno con lo hecho por el kirchernismo que, a su juicio, "se basó en una sectorización, en una captación para quedarse con una cantidad  de recursos desde el Estado nacional, y una distribución discrecional entre las provincias".

"Entonces la porción automática de las provincias quedó cada vez más relegada y, a partir del 10 de diciembre, cuando nos hacemos cargo, tanto el presidente (Mauricio Macri) como el ministro (del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio) Frigerio, tomaron la decisión de que esto iba a ser un país federal y que se iba a fortalecer el federalismo en la Argentina".

En esa línea, apuntó que el 21 de noviembre se realizó una reunión con los ministros de Economía y se abrió una mesa de diálogo, y "se establecieron las bases y la metodología con la que se va a trabajar: es una ecuación entre el gasto consolidado de cada Estado y cuánto tendría que recibir de la renta nacional ese nivel de gobierno o jurisdicción", graficó Caballero.

También explicó que "la capacidad fiscal es capacidad de recaudación, porque hay provincias que prácticamente no hacen nada en recaudación tributaria y recaudan muy poco de su potencial recaudatorio".

Respecto a la nueva ecuación que se propondrá para establecer la forma de distribución, aclaró que "ya hay esquemas que están funcionado con indicadores de reparto afectados a prestación de servicios".

"De hecho -amplió- en la provincia de Buenos Aires se utilizan indicadores que están afectados a la prestación de servicios: en Argentina funciona así en algunas provincias. Lo que no es normal es cómo está funcionando ahora, con un régimen de coeficiente fijo, con lo que cambió el país en 30 años desde el punto de vista de la estructura demográfica, económica y productiva".

"Este año hay elecciones, por lo que no queremos meter ruido porque lo pueden interpretar los gobernadores como que los estamos perjudicando y puede abrir susceptibilidades y no es la idea; queremos trabajar a nivel técnico este año y para eso vamos a sumar al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo", anticipó el funcionario del Ministerio del Interior.

Por eso, confió que la idea es remitir el proyecto de ley al Congreso luego de las elecciones legislativas, una vez logrado el "consenso" con las provincias, ya que para ser aprobado debe tenerse el visto bueno de las 23 provincias y de la ciudad de Buenos Aires.